Aumenta la actividad de las empresas pero sin llegar a niveles óptimos

Redacción | Madrid

Los diez principales indicadores de las empresas españolas mejoraron durante el año 2015. Algunos de ellos, como la evolución de las ventas, tuvieron por primera vez desde el inicio de la crisis un alza significativa. Aunque este cambio de tendencia comenzó en el año 2014 de manera tímida, no ha sido hasta el año pasado cuando la mejora se ha manifestado con firmeza: las ventas han aumentado un 3,7%; el 69% de empresas están en beneficio, se constata una menor restricción del crédito y el otorgamiento de éste se realiza en mejores condiciones para las empresas.

Éstas son algunas de las principales conclusiones que destaca el VII Diagnóstico Financiero de la Empresa Española, un estudio anual realizado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y por EADA Business School. El estudio se basa en las respuestas de centenares de directores financieros de empresas de todos los tamaños, sectores y comunidades autónomas. El informe constata asimismo una mejora continuada de las condiciones de cobro. Entre otros indicadores, el porcentaje de morosidad sobre ventas ha descendido un 1,3% situándose en el 3%, la cifra más baja desde el año 2011. Igualmente, el plazo medio de cobro se ha situado en 67 días, cuatro menos que en el año anterior.

Rafael Sambola, profesor de EADA Business School y autor del informe, ha comentado en la presentación del mismo que “son sin duda los mejores resultados anuales del conjunto de las empresas desde que se inició la realización del Diagnóstico Financiero, en el año 2009.

En opinión de Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, los resultados del informe indican que la situación de las pymes ha mejorado, «pero para consolidar esta mejora es necesario impulsar más la inversión y el consumo que necesitan un ambiente más favorable y que genere mayor confianza».

Garamendi ha señalado que esta confianza es el resultado de la estabilidad institucional y ha reiterado su llamamiento a la responsabilidad de los representantes políticos, porque «las empresas, que son quienes generan riqueza y el bienestar a la sociedad, no pueden permitirse seis meses más de parón en la gestión y en la toma de decisiones de la Administración».