La morosidad se enquista en las grandes empresas y perjudica a las PYMES


factura impagada

Daniel Hernández | Madrid

12 de febrero de 2015


La morosidad es una pesadilla para las pymes y los autónomos del país. Se trata de un mal sueño muy real que, según cálculos de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMcM), se ha llevado por delante a 400.000 empresas desde que comenzó la crisis. Se trata además de un fenómeno que se ha ido transformando para atacar de formas distintas a los eslabones más débiles de la cadena. Primero fue la deuda de las administraciones con las empresas al estallar la burbuja, las facturas en los cajones; y ahora son las grandes empresas las que ahogan con sus plazos de pago a las pequeñas y medianas.

Según los datos que la Plataforma ha extraído de la CNMV y el Banco de España, las compañías cotizadas en el mercado contínuo de la Bolsa están pagando a sus proveedores a 180 días, triplicando el plazo establecido en la ley. “Hay empresas privadas que acudieron al FLA [el Fondo de liquidez Autonómico puesto en marcha por el Gobierno central para que las comunidades pagasen sus facturas pendientes] y que luego no pagan a sus acreedores”, dice Antoni Cañete, presidente de la PMcM. De esta manera muchas pymes y autónomos financian sin quererlo a esas empresas. Según sus cálculos, el montante pagado fuera de plazo asciende a los 68.000 millones. Si fuesen a buscar ese dinero fuera les costaría 4.000 millones más al año, “el 35% del beneficio del mercado contínuo”, dice Cañete.

Las empresas del IBEX también triplican el plazo legal: cobran en 78 días pero pagan en 169, lo que sitúa la morosidad total en 47.000 millones de euros. Acudiendo a las cuentas depositadas en la CNMV se encuentran ejemplos como los de Acciona que en 2013 pagó más del 70% de sus facturas fuera de plazo, excediéndose de media 33 días.

El plazo medio de pago del sector privado ha pasado de 93 días en 2012 a 85 en 2013, aunque la ley marca que deben ser 60. En el sector público ha bajado de los 141 días de 2012 a los 111 en 2013, pero la ley aquí es más exigente dado que obliga a pagar en 30 días.

Sanciones

Antoni Cañete y Cristobal Montoro durante la III Cumbre de la PMcM // PMcM

Antoni Cañete y Cristobal Montoro durante la III Cumbre de la PMcM // PMcM

Los abusos se pueden llegar a establecer por escrito, según denuncia Alfredo Berges, representante de la patronal de las pymes catalana (PIMEC) en la Plataforma. “Hay compañías que ya están anunciando por carta a sus proveedores que van a sobrepasar los plazos de pago, algo que es ilegal”. Por eso exigen el establecimiento de un régimen sancionador, puesto que consideran que recibir pagos de la administración “para después tardar en pagar hasta 400 días es malversación de dinero público”, dice Antoni Cañete.

En 2010 la Ley de Lucha contra la Morosidad estableció los plazos actuales, que en muchos casos no se cumplen. En 2014 el Grupo Catalán (CiU) hizo una proposición de ley que contemplaba un régimen sancionador con multas de hasta 900.000 euros y que no se llegó a tramitar por el único voto en contra del PP, con mayoría absoluta en el Congreso. En la cumbre Político-Empresarial de la Plataforma celebrada el día 11 de febrero todos los partidos de la cámara se comprometieron a apoyar las medidas que proponen (incluido el régimen sancionador). También lo hicieron el año pasado y no ha habido novedades, entonces, ¿qué cambia ahora? “Hechos son amores y no falsas razones”, ironiza Cañete, aunque “estamos en año electoral y veremos cuáles son los programas, y si es un compromiso de todos, no entenderíamos que no se lleve a cabo”.

La Plataforma arrancó una promesa vaga al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. “El régimen sancionador hay que hacerlo real – dijo Montoro – pero con cautela, para que no se impida la contratación, porque estaríamos en un momento de recuperación económica haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer”.

El ejemplo del sector alimentario

El resto de sectores mira con envidia la Ley de la Cadena Alimentaria, en vigor desde hace poco más de un año, y que establece además de los plazos de pago de 30 días para productos frescos y 60 para los no perecederos, un régimen sancionador. Las multas en este ámbito pueden llegar hasta los 100.000 euros.

Según señaló José Miguel Herrero Velasco, director de la Agencia de Información y Control Alimentario, en su primer año de vida se han realizado más de 1.800 inspecciones y se han recibido 47 denuncias. “Estamos verificando los contratos y solicitando facturas y albaranes de entrega”, apunta Herrero. Ahora están en la fase de investigación “y en los próximos meses llegarán las primeras multas”. El alimentario es un sector “privilegiado”, en comparación con los otros, pero que venía sufriendo “retrasos de hasta 400 días en el caso de los viticultores”.

 Los deberes de las administraciones públicas

Cañete con los representantes políticos que acudieron a la cumbre.

Cañete con los representantes políticos que acudieron a la cumbre. // PMcM

“Conocemos los plazos de pago de las administraciones y lo celebramos”, dice Antoni Cañete, “pero la información se desvirtúa porque se habla de plazos medios”.  Además, según denuncia el presidente de la Plataforma, la administración tiene un as en la manga: el tiempo en que se tarda en verificar las facturas permite se retrasen mucho los pagos. La factura electrónica ayuda a subsanar estos problemas, aunque su implantación en 2015 ha generado descontentos. Cañete señala también la “ambigüedad” de la Ley de Emprendedores, que recoge que el periodo de reconocimiento de una factura no debe ser abusivo, pero “no conocemos a ningún juez que diga que algún plazo ha sido abusivo”, matiza Cañete.

El ministro Montoro prefiere señalar logros como la Ley de Morosidad, que votó favorablemente estando en la oposición. Además recuerda que cuando los bancos “aún teniendo liquidez” no prestaban, el Estado lo hizo mediante el ICO y el FLA “para pagar facturas, movilizando desde que comenzamos 136.000 millones de euros”.

Europa también tiene algo que decir

Echar un vistazo por los países del viejo continente resulta útil para descubrir prácticas curiosas. En Bélgica, por ejemplo, la ley establece un máximo de 60 días para el pago de las facturas, pero, como señala Luc Hendrickx, director de Asuntos Legales de la patronal europea de las pymes (UEAPME), esos plazos se pueden alargar otros 60 días más “para verificar la conformidad de los bienes y los servicios”. Dinamarca es el ejemplo a seguir en cuanto a pagos por parte del sector público: el plazo es de 30 días y es improrrogable. Pero en el ámbito privado “algunas empresas imponen hasta 93 días”. El problema está en la directiva europea, que fija un plazo de 60 días, pero con la posibilidad de alargarlo si hay acuerdo entre las partes. “Es algo que consiguieron las grandes empresas, y está claro que la libertad contractual que pueda haber entre pymes y grandes compañías es una broma”, apunta Hendricx.

La directora de Emprendeduría y Pymes de la Comisión Europea, Joanna Drake, destaca que en enero de este año “ya se ha iniciado un estudio para evaluar el impacto de la Directiva de Morosidad en todos los Estados Miembros. Se realizará una encuesta entre empresas de todos los tamaños con sede en la Unión Europea y con esos resultados se dibujará un panorama más claro de cómo la Directiva está trabajando en la práctica y se subrayarán dónde se necesitan las mejoras”.

Drake puso además el ejemplo de Francia, Alemania y Reino Unido, que aplican “mecanismos contenciosos alternativos como la mediación”. Esta medida está en la lista de exigencias de la PMcM en España. Se trataría de procesos que bajarían la carga de trabajo en los juzgados y que servirían “para la búsqueda de conciliación en los conflictos entre clientes y proveedores relativos a plazos de pago, reclamación de facturas impagadas, intereses legales de demora e indemnizaciones por costes de cobro”.

¿Y en 2015 qué?

Frente a la recuperación económica que anticipan el Gobierno, organismos internacionales y servicios de estudios de grandes empresas, la Plataforma advierte de cierta vuelta a las andadas. “Los plazos están volviendo a subir otra vez”, dice Andrés Carasso, tesorero de la PMcM. Según Marta Martínez, jefa del Departamento de Información de Solution, “a medida que las expectativas mejoran hay cierta relajación, y los datos de finales de 2014 anticipan un repunte de hasta tres días en los plazos.” Sin duda todavía queda camino por andar, y las últimas informaciones harán que el sector siga muy atento.

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